Parlamento Europeo aprueba medidas que obligarán a las empresas a ser transparentes a nivel sostenible
La sostenibilidad se incorpora con mayor fuerza en las diversas empresas que forman parte del sector económico de los países. Específicamente, Europa figura con un panorama mayormente avanzado en comparación con corporaciones latinoamericanas, por lo que para incentivar aún más estas acciones, el Parlamento Europeo aprobó una serie de medidas que obligarán a las compañías a rendir cuentas a nivel sustentable.
De esta manera, las grandes empresas cotizadas de la Unión Europea (alrededor de 50.000), deberán informar acerca de la sostenibilidad medioambiental y social de sus actividades, luego de que los eurodiputados contabilizaran 525 votos a favor, 60 en contra y 28 abstenciones sobre el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa.
En ese sentido, las nuevas medidas se aplicarán a grandes compañías (cotizadas o no) y aquellas que figuren fuera de la Unión Europea que facturen 150 millones de euros al año en territorio comunitario. A su vez, las organizaciones pequeñas y medianas (pymes) que coticen en la bolsa también deberán rendir cuentas ante la normativa.
Todo esto como parte de la búsqueda por fomentar mayor compromiso sustentable real a través de infomes que especifiquen cómo influyen los temas de sosteniblidad en sus respectivos negocios, que de acuerdo con el Parlamento, anteriormente «eran ampliamente insuficientes y poco fiables».
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Una vez aprobada la normativa, la Comisión Europea elaborará una serie de estándares que las compañías están obligadas a seguir con relación al impacto que generan sobre el medio ambiente, derechos humanos y calidad social. Se espera que el primero se dé a conocer en junio del próximo año.
A partir de 2024 se comenzará a aplicar esta nueva medida, primero en empresas grandes (con más de 500 empleados), mientras que las compañías exentas antes de la normativa con más de 250 empleados, 40 millones de eruos anuales de facturación o 20 millones de euros en activos totales, tendrán que regirse en 2025.
Por otro lado, las compañías más pequeñas deberán implementar estos cambios a partir de enero de 2026, e incluso, podrían solicitar una extensión que extienda hasta 2028 el plazo para apegarse a la normativa.
Finalmente, el último paso necesario para que la norma entre en vigor es la aprobación definitiva de los Estados miembros, previsto a realizarse durante el mes de noviembre.
