La UE exime a Latinoamérica de su lista contra exportaciones que generan deforestación
En un anuncio que marca un giro en la política comercial y ambiental de la Unión Europea (UE), la Comisión Europea publicó su lista actualizada de países con riesgo de deforestación vinculada a exportaciones.
En una decisión clave para el comercio internacional, ningún país latinoamericano ha sido clasificado como de «alto riesgo» ni «riesgo medio» dentro de la nueva normativa de la Ley contra la Deforestación Importada de la UE, lo que genera expectativas y preocupaciones en distintos sectores.
El objetivo de la ley es reducir el impacto ambiental de los productos consumidos en la UE, asegurando que no contribuyan a la destrucción de bosques. Sin embargo, la exclusión de Latinoamérica ha generado reacciones diversas entre gobiernos, ambientalistas y exportadores.
Mientras que algunos celebran la medida como un reconocimiento a los esfuerzos de la región en la preservación ambiental, otros advierten sobre las posibles consecuencias de un menor escrutinio.
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Presiones políticas y empresariales
La revisión de la lista se produjo tras intensas presiones de industrias y gobiernos de países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, quienes argumentaron que las regulaciones podían afectar negativamente sus economías sin considerar adecuadamente las acciones implementadas para proteger el medio ambiente.
Líderes del sector agrícola y forestal enfatizaron los avances en certificación y trazabilidad de productos, buscando evitar restricciones comerciales.
Además de los actores latinoamericanos, otros países como Indonesia, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos también presionaron para ajustes en la normativa, alegando que medidas excesivamente restrictivas afectarían el comercio global sin necesariamente lograr un impacto ambiental significativo.
Impacto en el comercio y la sostenibilidad
La decisión de la Comisión Europea representa un alivio para los exportadores latinoamericanos de productos clave como cacao, café, aceite de palma, madera y soja, que temían restricciones comerciales más estrictas.
No obstante, grupos ambientalistas han expresado su preocupación por la exclusión de países que aún enfrentan desafíos en la lucha contra la deforestación.
Organizaciones de conservación han señalado que regiones como el Amazonas y el Gran Chaco continúan enfrentando pérdida de cobertura forestal debido a la expansión agropecuaria.
Según datos recientes, en las últimas dos décadas la deforestación en estas áreas ha avanzado a un ritmo preocupante, con implicaciones en biodiversidad y cambio climático. La falta de supervisión más rigurosa de parte de la UE, afirman, podría representar un retroceso en las iniciativas globales de sostenibilidad.
Nuevas reglas para importadores europeos
Aunque ningún país latinoamericano ha sido incluido en la lista de alto riesgo, la normativa aún exige a los importadores europeos garantizar que sus productos no han sido obtenidos mediante prácticas que contribuyan a la deforestación o degradación de masas forestales.
Para ello, las empresas deberán implementar sistemas de trazabilidad y geolocalización que permitan verificar el origen de sus productos.
Estos requisitos aplican no solo a bienes importados desde fuera del bloque europeo, sino también a aquellos producidos dentro de los Estados miembros.
Cabe destacar que, en la revisión de la normativa, todos los países de la UE han sido clasificados como de «bajo riesgo», lo que implica una supervisión menos estricta para productos originarios del continente.
Prórroga para la implementación de la ley
Inicialmente, la ley debía entrar en vigor en diciembre de 2024, lo que generó incertidumbre entre empresas que aún no estaban preparadas para cumplir con los requisitos de trazabilidad.
Sin embargo, la Comisión Europea ha otorgado una prórroga de un año, permitiendo a los exportadores y comercializadores adaptarse de manera más estructurada a las nuevas exigencias.
El sector privado ha recibido con optimismo esta extensión, ya que les brinda más tiempo para desarrollar herramientas tecnológicas y protocolos que aseguren el cumplimiento de la normativa.
Además, se espera que los gobiernos latinoamericanos fortalezcan sus mecanismos de certificación forestal para continuar asegurando acceso al mercado europeo sin obstáculos regulatorios.
