Un grupo de 220 empresas de inversión que representan 30 billones de dólares en activos han respaldado a Advance, una iniciativa de gestión de los Principios de Inversión Responsable (PRI) centrada en los derechos humanos.
Las empresas han firmado una declaración en la que reconocen la necesidad de respetar y salvaguardar los derechos humanos tal y como se establece en normas internacionales como los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos y las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las Empresas Responsables.
Alrededor de 120 empresas de inversión participarán activamente en el compromiso con 40 empresas de enfoque inicial en el sector de la minería y los metales y las energías renovables en la primera fase de la iniciativa.
El PRI dijo a través de uncomunicado,que publicó por primera vez una lista de inversores y la empresa de enfoque con la que se están comprometiendo en un intento de mejorar los niveles de transparencia.
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Cambio en las prácticas
Los inversores principales, Schroders y Morgan Stanley Investment Management, se ocuparán de Anglo American, Nomura AM y Man Group que se centrarán en Nippon Steel, Boston Common Asset Management y Storebrand en Orsted y PIMCO.
Por su parte, CCLA se enfocará en NextEra; EOS en Federated Hermes; JP Morgan Asset Management en POSCO, y ACSI es el principal inversor en Rio Tinto con el apoyo de Phoenix, Aviva y PIMCO.
En relación con el lanzamiento de Advance, David Atkin, director general del PRI, dijo: «Los esfuerzos colectivos de los inversores pueden realmente provocar un cambio en el modo en que las prácticas empresariales afectan a las personas. A través de Advance, pretendemos ofrecer a los inversores la oportunidad de marcar el camino a seguir mediante una gestión más ambiciosa y acelerar la acción en materia de derechos humanos y cuestiones sociales».
«Desde la lucha contra las desigualdades mundiales hasta la prevención de los daños al medio ambiente que pueden afectar a la salud de las personas durante generaciones, esperamos que Advance impulse resultados positivos para los trabajadores, las comunidades y la sociedad en general», señaló Atkin.
Los 220 grupos miembros de Advance también han acordado desarrollar su propia política de derechos humanos y su proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos, si no lo tienen ya, en el plazo de un año desde su adhesión a la iniciativa.
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Redacción | Antonio Vilela
