Tres meses después del “decretazo”: el gobierno de Chile mantiene en suspenso 42 normas ambientales mientras consolida un récord histórico de inversión minera
La mañana del 12 de marzo de 2026, a escasas horas de haber asumido el poder, el subsecretario de Medio Ambiente de Chile, José Ignacio Vial Barros, firmó un oficio dirigido a la Contraloría General de la República solicitando el retiro masivo de 43 decretos supremos que se encontraban en proceso de toma de razón en esa entidad.
La medida, que afectaba a normas de emisión, planes de descontaminación, creación de parques nacionales, reglamentos para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, generó de inmediato una de las primeras y más agudas controversias de la administración del presidente José Antonio Kast.
A casi dos meses de aquella decisión, conocida en la opinión pública como el “decretazo”, un balance parcial indica que 42 de los 43 instrumentos originales continúan en revisión sin una fecha clara de reintegro. El único decreto que ha sido reingresado y aprobado en la semana posterior a su retiro fue el Plan de Protección RECOGE de la rana de Darwin, un pequeño anfibio en peligro de extinción.
Al cierre de abril, solamente el Plan de descontaminación del lago Villarrica, la Norma primaria de calidad del aire para plomo y el Decreto de metas y obligaciones de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos han sido reingresados a Contraloría, aún a la espera de tramitación.
Los otros 38 decretos, entre ellos la creación de los parques nacionales Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II, la declaración del Pingüino de Humboldt como Monumento Natural y los reglamentos del SBAP, permanecen en un limbo jurídico y administrativo que, según ambientalistas, representa un “retroceso histórico sin precedentes”.
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Defensa del gobierno: revisión técnica y auditoría interna
Frente a las críticas, el Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por la ministra Francisca Toledo, ha defendido la decisión argumentando que se enmarca en “una minuciosa revisión al interior de la cartera, en el contexto del plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente Kast”. La cartera ha señalado que esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión y que el propósito es asegurar que los instrumentos respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes.
Como parte de esa revisión, la ministra Toledo también resolvió, durante los primeros días de la administración, suspender el proceso de determinación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, un procedimiento clave para la implementación de la Ley 21.600 que crea el SBAP.
Según la cartera, existía un alto volumen de observaciones (casi 10.000) y una diversidad de antecedentes técnicos y jurídicos que debían ser analizados antes de continuar.
El Presidente Kast ha sido consistente en su defensa de estas decisiones. En una actividad pública realizada el pasado 17 de marzo en la Región de Atacama, el mandatario declaró: “El día de ayer vimos el efecto positivo que puede tener una máquina excavadora para construir futuro, y el futuro se construye en base a seguridad y empleo”.
Y añadió: “Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medioambiente”.
Para justificar la necesidad de desregulación, Kast ha utilizado reiteradamente el argumento de que los plazos para aprobar estudios de impacto ambiental se incrementaron drásticamente en la última década, aunque sin entregar cifras oficiales actualizadas que respalden esa afirmación.
El debate institucional: ¿revisión o demolición?
El retiro masivo de los decretos ha abierto un profundo debate sobre los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y el respeto a la institucionalidad ambiental construida en las últimas décadas en Chile.
La senadora Yasna Provoste ha sido una de las voces más críticas. Durante una intervención en el Senado, la legisladora por Atacama reconoció que “todo gobierno tiene el legítimo derecho a revisar lo heredado. Nadie discute aquello”, pero advirtió de forma tajante: “Revisar no es lo mismo que retroceder o demoler. Lo que vemos hoy es un retroceso histórico que dilapida décadas de trabajo” .
Provoste hizo hincapié en el impacto directo que el retiro de los decretos tiene en su región, donde se vieron afectadas seis áreas protegidas que buscan conservar humedales altoandinos de “fragilidad excepcional” y salares estratégicos para el litio. “Borrarlo de un plumazo es ignorar la voz de los territorios y el trabajo de años con participación ciudadana y consultas indígenas legítimas”, declaró la senadora a medios regionales.
En el Congreso, la controversia se tradujo en un estrecho respaldo parlamentario a una declaración de preocupación. El 27 de marzo de 2026, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 73 votos a favor y 72 en contra, el Proyecto de Acuerdo N°1 presentado por el diputado Gonzalo Winter, que manifiesta al presidente José Antonio Kast la preocupación del Congreso por el retiro de los decretos y advierte que varios de ellos constituyen el cumplimiento de mandatos legales expresos, no decisiones discrecionales del Ejecutivo anterior.
La mirada de la sociedad civil
El mundo ambientalista y científico reaccionó con estupor ante la magnitud y la premura de la medida. Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable y una de las voces con mayor trayectoria en la defensa ambiental en el país, calificó la decisión como un acto de “estilo poco democrático” y una “falta de respeto” hacia los procesos técnicos y participativos que tomaron años de elaboración.
En una entrevista concedida al medio especializado Mongabay el 5 de abril de este año, Larraín explicó con crudeza el alcance de lo ocurrido: “Crear una norma ambiental en Chile sigue un proceso largo, altamente técnico y participativo que puede tomar años. Nunca pensamos que el mismo día de la toma de Gobierno se iban a retirar los reglamentos que estaban para toma de razón de Contraloría”.
Para la experta, la decisión no tiene justificación técnica, sino una motivación eminentemente política. Y sus implicaciones, advirtió, no se limitan a los daños a la naturaleza, sino que “también impactan en el derecho al acceso a agua segura y a vivir en ambientes sanos” .
Larraín fue más allá y calificó la situación de “absurda”. Señaló que el retiro afecta a instrumentos que “son el resultado de años de estudios técnicos, consultas ciudadanas y procesos institucionales diseñados para proteger la salud de los chilenos”, y que debilitar esa institucionalidad es una irresponsabilidad que la sociedad civil no permitirá sin resistencia.
Esa resistencia ya se ha manifestado en las calles. El fin de semana del 27 de marzo, más de 100.000 personas salieron a protestar en distintas ciudades del país contra el “decretazo” ambiental. La convocatoria, que originalmente era una marcha por el Día del Agua en Santiago, se transformó en una movilización nacional y transversal de rechazo a las políticas del nuevo gobierno.
El pingüino de Humboldt y la presión de Greenpeace
Dentro de los 42 decretos que permanecen suspendidos, uno de los casos que más ha conmovido a la opinión pública es el retiro del decreto que declara Monumento Natural al Pingüino de Humboldt.
Esta especie, endémica de las costas de Chile y Perú, enfrenta una situación crítica. Greenpeace Chile ha cifrado sus efectivos en menos de 2.000 parejas reproductivas en el territorio chileno, tras una reducción del 63% en sus principales colonias en los últimos tres años.
El 25 de abril de 2026, en el marco del Día Mundial del Pingüino, Greenpeace solicitó formalmente al gobierno el reingreso inmediato del decreto. La vocera de la organización, Silvana Espinosa, declaró que “el Ejecutivo tiene en sus manos evitar la extinción” de esta emblemática especie.
Espinosa contrastó la situación del pingüino con la agilidad que mostró el gobierno para reintegrar el decreto de la rana de Darwin: “Cuesta entender la falta de premura del Ministerio de Medio Ambiente para actuar en esta materia. Hubiéramos esperado la misma agilidad”.
La vocera también cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo prime intereses privados sobre los deberes legales y constitucionales de protección de especies amenazadas. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 2020 existían alrededor de 23.800 individuos maduros de esta especie entre Chile y Perú, lo que evidencia una caída drástica en apenas seis años.
Nota: Hasta el cierre de abril, el gobierno no ha respondido formalmente al requerimiento de Greenpeace, alimentando una creciente presión mediática y ciudadana.
La otra cara de la moneda
Mientras las críticas ambientales copan los titulares, el gobierno de José Antonio Kast ha cosechado resultados concretos en el frente económico que, según sus números, justifican plenamente el giro regulatorio.
El 12 de marzo, el Presidente firmó un instructivo presidencial para resolver en plazos acotados 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) asociados a proyectos que ya contaban con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada.
La instrucción estableció que los recursos vencidos deberían resolverse en un máximo de 90 días corridos, mientras que las nuevas reclamaciones recibirían plazos de hasta 60 días hábiles. El volumen de inversión asociado a estos proyectos se estimó inicialmente en USD 16.000 millones.
Los resultados de esa apuesta por la desregulación no se hicieron esperar. Entre el 11 de marzo y el 9 de abril de 2026, ingresaron al SEIA un total de 35 proyectos nuevos por un monto acumulado de USD 19.603 millones, según un informe del Diario Financiero difundido por CNN Chile.
Este monto no solo representa un récord histórico para el primer mes de cualquier administración en Chile, sino que supera en más de 530% lo ingresado en igual lapso al inicio del gobierno de Gabriel Boric, multiplica por casi 15 el arranque del segundo mandato de Sebastián Piñera y por 25 el de la segunda administración de Michelle Bachelet.
El principal motor de este crecimiento exponencial fue la gran minería. Entre los proyectos que lideran esta inversión destacan:
- La nueva planta concentradora de Minera Escondida (BHP), con una inversión de USD 5.150 millones.
- La ampliación de Minera El Abra (Freeport-McMoRan), con USD 7.500 millones.
- Proyectos de transición hacia extracción directa de litio presentados por Albemarle.
- Iniciativas de Kinross y otras mineras de mediana escala.
La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, respaldó esta lectura añadiendo, durante la visita del Presidente Kast a su cartera el 1 de abril, que “los compromisos para agilizar procesos han sido leídos como una señal potente por parte de los inversionistas”. La ministra detalló que su gestión priorizará tres áreas clave: la implementación del SBAP, la agilización institucional del SEIA y el fortalecimiento de la Ley de Fomento al Reciclaje (Ley REP), especialmente en materia de residuos orgánicos.
Desde el Ejecutivo, el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Presidente Kast el 22 de abril de 2026 profundiza esta línea. El proyecto de ley incluye, entre otras medidas, la rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, créditos tributarios para la generación de empleo formal, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en acciones con baja presencia bursátil y una batería de cambios regulatorios orientados a reducir la denominada “permisología”.
La iniciativa, que actualmente se tramita en el Congreso Nacional, ha recibido duras críticas de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, que han advertido que el proyecto “debilita la institucionalidad ambiental y pone en riesgo la protección de los ecosistemas en Chile”.
Caída en las encuestas y polarización creciente
Pese a los logros en reactivación de inversiones, el desgaste político del gobierno por esta controversia ambiental comienza a reflejarse en las encuestas de opinión. El Presidente Kast llegó al Palacio de La Moneda el 11 de marzo con una alta expectativa ciudadana, pero según la encuesta Criteria correspondiente al domingo 26 de abril de 2026, su nivel de aprobación se ubica en 38%, mientras que la desaprobación alcanza 49%.
Otras mediciones, como la de Cadem, sitúan la aprobación del mandatario en 41% para finales de abril, lo que representa una caída de nueve puntos respecto del mes anterior.
Más allá de los números, el equipo de gobierno ha comprendido la necesidad de subirse al debate y desplegar una estrategia comunicacional más activa en materia ambiental. El 1 de abril, el Presidente Kast realizó su primera visita oficial fuera de La Moneda precisamente al Ministerio del Medio Ambiente, donde fue recibido por la ministra Francisca Toledo y el subsecretario José Vial.
En esa instancia, el mandatario recorrió las instalaciones técnicas de la cartera, incluyendo el laboratorio y la sala de calibración de equipos del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, así como la demostración del funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. La visita fue interpretada por analistas como un intento de demostrar que el gobierno no está “en contra del medio ambiente”, sino que busca una gestión más eficiente de la institucionalidad existente.
La ministra Toledo ha mantenido un perfil relativamente bajo durante estos primeros meses, pero ha buscado construir puentes con el Congreso. En una reunión con senadores de distintas bancadas realizada en la primera quincena de abril, la titular de Medio Ambiente se comprometió a que los decretos retirados serán analizados “caso por caso” y que en la mayoría de los casos serán reingresados a Contraloría antes de que concluya el primer semestre del año.
Sin embargo, organizaciones como Fundación Chile Sustentable han expresado escepticismo ante estas promesas, recordando que la “revisión minuciosa” anunciada en marzo no ha arrojado aún resultados concretos en la gran mayoría de los instrumentos suspendidos.
Mientras tanto, el gobierno de Kast juega sus cartas: inversiones récord para reactivar una economía estancada, planes de desregulación para atraer capitales extranjeros y una estrategia de desgaste de la institucionalidad ambiental que sus adversarios califican de irresponsable y sus defensores presentan como modernizadora. El desenlace de esta controversia definirá en buena medida la relación entre desarrollo y protección de la naturaleza en el Chile de los próximos años.
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