Fiscalía General de Florida abre investigación contra CDP y SBTi por posibles prácticas anticompetitivas
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la emisión de citaciones judiciales a las organizaciones CDP (Carbon Disclosure Project) y Science Based Targets initiative (SBTi), iniciando una investigación sobre posibles violaciones a la normativa antimonopolio y prácticas comerciales engañosas.
El funcionario describió a ambas entidades como parte de un supuesto «cartel climático«, señalando que la pesquisa busca determinar si CDP y SBTi han infringido leyes de protección al consumidor y competencia estatal “coaccionando a las empresas para que divulguen datos confidenciales y paguen por acceso bajo el pretexto de transparencia ambiental”.
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CDP y SBTi: estándares bajo escrutinio
CDP, fundada en el año 2000, opera un sistema mundial de divulgación ambiental que permite a inversionistas y partes interesadas medir el desempeño ambiental de las empresas en áreas como cambio climático, gestión forestal y seguridad hídrica.
En 2024, más de 22.700 compañías reportaron a través de su plataforma, marcando un incremento del 8% respecto al año anterior.
SBTi, por su parte, nació en 2015 como colaboración entre CDP, el World Resources Institute (WRI), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC).
Su propósito es establecer estándares corporativos basados en ciencia para la reducción de emisiones y metas neto cero. Su modelo incluye asistencia técnica, validación independiente de objetivos y publicación de guías sectoriales, y actualmente desarrolla una actualización de su marco: el Corporate Net-Zero Standard V2.
Acusaciones de manipulación del mercado
Según Uthmeier, SBTi “vende la validación de metas climáticas corporativas y luego redirige a las empresas a CDP para reportar sus avances, creando un ciclo de retroalimentación orientado al lucro”.
La investigación también analizará si CDP ofrece mejores puntuaciones o reconocimientos públicos a cambio de pagos, distorsionando así la objetividad de los datos ambientales empleados por inversores y consumidores.
Otro foco es la presunta coordinación entre CDP, instituciones financieras y servicios de inversión, que podría constituir manipulación ilegal del mercado.
Además, se examinará si las iniciativas de CDP para “presionar o castigar” a empresas que no reportan a través de su plataforma generan efectos anticompetitivos.
Ofensiva contra iniciativas ESG
Esta acción se enmarca en una campaña más amplia contra las políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) promovida por figuras del Partido Republicano en EE. UU., intensificada desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.
Florida ha liderado este movimiento, con leyes anti-ESG firmadas por el gobernador Ron DeSantis y la formación de una alianza estatal para coordinar iniciativas similares.
En declaraciones públicas, Uthmeier afirmó:
“Activistas climáticos radicales han secuestrado la gobernanza corporativa y la han convertido en un arma contra el libre mercado. Florida no se quedará de brazos cruzados mientras grupos internacionales extorsionan a empresas estadounidenses para financiar su estafa ESG”
James Uthmeier, fiscal general de Florida
Por su parte, CDP respondió a la prensa indicando que está al tanto del anuncio del fiscal general, pero se abstuvo de comentar sobre las acusaciones “por el momento”.
