Debaten la reducción de uso de mercurio con presencia latinoamericana
La V Conferencia de las Partes (COP) del Convenio de Minamata sobre el Mercurio se llevó a cabo el pasado lunes en Ginebra, Suiza, con el propósito de abordar la disminución en la utilización del metal y sus derivados.
Durante esta reunión, programada para extenderse hasta el 11 de marzo, se ha dado luz verde a una propuesta de Brasil que refuerza los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales.
El convenio tiene como objetivo la regulación del ciclo de vida del mercurio, derivando en acciones que establezcan restricciones en la producción, importación y exportación de una variedad de productos que contienen este metal.
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Además, el acuerdo contempla la prohibición de la creación de nuevas minas de mercurio y la gradual eliminación de las ya existentes. También se incluyen disposiciones para controlar las emisiones de mercurio a la atmósfera, así como su liberación al suelo y al mar, entre otras medidas significativas.
Acción climática ante el uso del mercurio
La minería de oro artesanal y de pequeña escala constituye la principal fuente de consumo, emisiones y liberaciones de mercurio a nivel global.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2015, este tipo de minería representó el 37% del consumo total de mercurio y el 38% de las emisiones generadas por actividades humanas.
De esta manera, Brasil, en colaboración con otras naciones de América Latina y el Caribe, presentó una propuesta al convenio para abordar los impactos de la contaminación de mercurio en las poblaciones indígenas y las comunidades locales.
Esta medida fue aprobada en la sesión plenaria el lunes, marcando uno de los primeros acuerdos alcanzados en la COP5, propuesta que reconoce la importancia de respetar los conocimientos, culturas y prácticas tradicionales, así como su contribución al desarrollo sostenible y equitativo, y a la gestión ambiental.
Finalmente, subraya la necesidad de promover una mayor participación de las comunidades indígenas y aboga por la implementación de políticas públicas que faciliten la difusión de información sobre el tratado, entre otras acciones relevantes.
