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Prohíben la destrucción de ropa no vendida bajo nuevas reglas de economía circular

La Comisión Europea dio un paso decisivo en la regulación del sector textil al adoptar nuevas medidas que prohíben la destrucción de ropa y calzado no vendidos, como parte del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR, por sus siglas en inglés).

La iniciativa busca reducir millones de toneladas de residuos textiles evitables y reforzar la gobernanza ambiental en una de las industrias con mayor impacto climático.

La medida se enmarca en el nuevo ESPR, que sustituye y amplía la antigua Directiva de Ecodiseño, extendiendo su alcance más allá de los productos relacionados con la energía para abarcar prácticamente todos los bienes comercializados en el mercado europeo.

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Nueva fase de control obligatorio

Cada año en Europa, entre el 4% y el 9% de los textiles no vendidos son destruidos antes de llegar al consumidor.

Este fenómeno, vinculado a la sobreproducción, errores de previsión de demanda y limitadas infraestructuras de reventa o reciclaje, genera aproximadamente 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, una cifra comparable a las emisiones netas totales de países como Suecia en 2021.

Las nuevas disposiciones adoptadas por la Comisión incluyen Actos Delegados y de Ejecución que activan tanto la prohibición formal como un sistema obligatorio de divulgación.

A partir del 19 de julio de 2026, las grandes empresas tendrán prohibido destruir prendas de vestir, accesorios de ropa y calzado no vendidos.

Las medianas empresas deberán cumplir con esta obligación a partir de 2030, otorgando un periodo de transición para adaptar sus cadenas de suministro y estrategias de inventario.

Con ello, la reducción de residuos deja de ser una recomendación voluntaria para convertirse en un requisito legal sujeto a supervisión por parte de las autoridades nacionales.

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Desierto de Atacama en Chile | Fotos: Getty Images

Nuevo marco de divulgación

Uno de los cambios más significativos para las empresas será la obligación de reportar públicamente el volumen de inventario no vendido que se deseche como residuo.

Desde febrero de 2027, las compañías deberán utilizar un formato estandarizado en toda la Unión Europea para informar estos datos.

Esta exigencia se alinea con el fortalecimiento del marco de reporte de sostenibilidad corporativa en Europa, complementando instrumentos como la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD).

El objetivo es mejorar la transparencia y la comparabilidad de métricas ESG, integrando la gestión de inventarios y residuos en la gobernanza empresarial.

Al obligar a revelar el destino del stock no vendido, la Comisión busca incentivar mejores modelos de previsión, optimizar la logística inversa y fomentar soluciones circulares como la donación, la reutilización, la reparación, la reventa o el reciclaje textil.

Excepciones limitadas y supervisión regulatoria

El nuevo marco contempla excepciones específicas en las que la destrucción podrá estar permitida, como en casos de riesgos para la salud y la seguridad o cuando los productos estén irreparablemente dañados. Sin embargo, las derogaciones estarán claramente delimitadas para evitar vacíos normativos.

Las autoridades nacionales de los Estados miembros serán responsables de supervisar el cumplimiento, consolidando el enfoque de la Unión Europea en materia de economía circular, donde la fiscalización y la estandarización técnica son elementos centrales.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, destacó que el sector textil debe liderar la transición hacia modelos sostenibles y circulares, subrayando que las cifras actuales de desperdicio evidencian la urgencia de actuar tanto por razones ambientales como económicas.

«Con estas nuevas medidas, el sector textil estará en condiciones de avanzar hacia prácticas sostenibles y circulares, y podremos impulsar nuestra competitividad y reducir nuestras dependencias», afirmó.

Implicaciones para ejecutivos e inversionistas

La prohibición llega en un momento de creciente presión regulatoria, social y financiera sobre las marcas de moda.

Para los ejecutivos, las nuevas reglas implican reforzar la gobernanza sobre la gestión de inventarios, ajustar estrategias de producción y rediseñar ciclos de vida de producto.

Desde la perspectiva financiera, la medida podría acelerar inversiones en plataformas de reventa, modelos de alquiler y tecnologías de reciclaje textil.

Los datos de divulgación obligatoria también se perfilan como un nuevo indicador de eficiencia operativa y preparación para la economía circular, con impacto potencial en valoraciones y acceso a financiamiento sostenible.

La sobreproducción deja así de ser solo un riesgo reputacional para convertirse en un riesgo regulatorio con consecuencias directas en cumplimiento normativo y desempeño ESG.

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La agenda circular europea gana impulso

La decisión de Bruselas consolida al sector textil como uno de los frentes prioritarios de la estrategia europea de economía circular.

El Reglamento de Ecodiseño forma parte de un paquete más amplio derivado del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es transformar los patrones de producción y consumo en el bloque.

Con la entrada en vigor de la prohibición en 2026, el impacto no se limitará a empresas europeas: las marcas globales que comercialicen productos en el mercado de la Unión deberán adaptar sus prácticas, lo que podría generar efectos en cadenas de suministro internacionales.

Al vincular política ambiental, gobernanza corporativa y transparencia estandarizada, la Unión Europea refuerza su papel como actor regulador clave en la transición hacia modelos productivos circulares.

En adelante, la gestión del excedente textil no será una iniciativa voluntaria de sostenibilidad, sino un requisito de cumplimiento que influirá directamente en la competitividad del sector en la próxima década.

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