Infracción masiva en la Unión Europea: llevan a los 27 países ante los tribunales por la ley de edificios cero emisiones
En un movimiento sin precedentes, la Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra la totalidad de los 27 Estados miembros de la Unión Europea por no haber impuesto a sus legislaciones nacionales las disposiciones de la Directiva revisada sobre la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), conocida popularmente como la Directiva de Viviendas Verdes o «Green Homes Directive».
El plazo para notificar la imposición expiró el 29 de mayo de 2026 y, según constata el Ejecutivo comunitario, ningún país ha completado el proceso .
Esta acción legal, materializada mediante el envío de cartas de emplazamiento a todos los gobiernos nacionales, representa el primer paso de un procedimiento que podría derivar en sanciones económicas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los Estados miembros disponen ahora de un plazo de dos meses para responder y completar la transposición de la normativa, tras el cual la Comisión podría emitir un dictamen motivado y, en última instancia, llevar el caso ante los tribunales.
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Marco legal ambicioso
La Directiva (UE) 2024/1275, adoptada por los legisladores europeos en 2024, introduce un conjunto de medidas destinadas a reducir drásticamente el consumo energético y las emisiones del sector de la edificación, que es el mayor consumidor de energía en Europa.
La normativa establece un calendario vinculante para lograr un parque inmobiliario de cero emisiones para 2050.
Entre sus disposiciones clave se incluye la obligación de que todos los edificios nuevos de uso residencial y no residencial sean de cero emisiones a partir de 2030, con un adelanto a 2028 para los edificios de titularidad pública.
Asimismo, la directiva exige a los Estados miembros que elaboren planes para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en los sistemas de calefacción y refrigeración, con el objetivo de prohibir las calderas de combustibles fósiles para 2040 .
La legislación también fija objetivos para renovar los edificios con peor rendimiento energético. Los países deberán adoptar una trayectoria nacional para los edificios residenciales que reduzca el consumo de energía primaria en 16% para 2030 y entre 20% y 22% para 2035, debiendo lograr al menos el 55% de esa reducción mediante la renovación de los edificios menos eficientes.
Para los edificios no residenciales, se exige la renovación del 16% de los peor calificados para 2030 y del 26% para 2033 en la Unión Europea.
Adicionalmente, la directiva contempla la creación de «pasaportes de renovación» para guiar a los propietarios en la rehabilitación progresiva de sus inmuebles hacia estándares de cero emisiones, así como la implementación de ventanillas únicas de asesoramiento y medidas de financiación pública y privada para hacer las renovaciones más asequibles.
Incumplimiento general que activa sanciones
El plazo para que los Estados miembros notificaran a la Comisión las medidas de implementación de la directiva expiró el 29 de mayo de 2026. Sin embargo, la Comisión ha constatado que ninguno de los 27 ha completado el proceso de incorporación a sus ordenamientos jurídicos internos.
Esta situación, calificada por algunos medios como un «motín completo» de los gobiernos contra Bruselas, ha llevado al Ejecutivo comunitario a adoptar una medida excepcional: proceder contra todos los Estados miembros de la Unión Europea simultáneamente.
El procedimiento de infracción se inicia con el envío de una carta de emplazamiento o «letter of formal notice», que constituye el primer paso formal del proceso sancionador, y los Estados tienen dos meses para responder y subsanar la situación.
De no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado y, si persiste el incumplimiento, elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría imponer multas coercitivas a los países infractores.
La decisión de la Comisión ha generado un intenso debate político. Antonella Sberna, vicepresidenta del Parlamento Europeo y miembro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), calificó el procedimiento como «la paradoja de una legislación que exige lo imposible a todos y luego acusa a todos de no lograrlo».
Sberna ha defendido que «si ningún Estado miembro ha logrado cumplir la directiva, el problema no son los Estados, sino una regulación concebida sin tener en cuenta las condiciones económicas, sociales y territoriales reales en Europa«.
En la misma línea, la eurodiputada italiana Letizia Moratti (FI/PPE) se declaró «sorprendida y consternada» por una decisión que, en su opinión, «refleja opciones equivocadas» y demuestra el «fracaso de una directiva irrealista y altamente ideológica».
La Comisión defiende la urgencia
A pesar de las críticas, la Comisión Europea defiende la necesidad imperiosa de imponer y aplicar la directiva.
En su comunicado oficial, el Ejecutivo comunitario subraya que «la transposición y aplicación de la EPBD es clave para impulsar la tasa de renovación energética anual de la Unión Europea, actualmente muy baja (1%), reducir las facturas de los ciudadanos y las empresas, disminuir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles importados y lograr un parque inmobiliario de cero emisiones y totalmente descarbonizado para 2050″.
El contexto geopolítico, marcado por la guerra en Irán y la consiguiente crisis energética, hace aún más crucial la implementación de estas normas para reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles importados.
La Comisión confía en que la presión del procedimiento de infracción incentive a los Estados miembros a acelerar el proceso de transposición en los próximos meses.
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