Organizaciones mundiales centran sus esfuerzos en difundir e implementar planes con el objetivo de combatir la crisis climática que afecta al planeta. Hace pocos días, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en el que alerta que la mitad de las especies animales y vegetales terrestres corren un alto riesgo de extinción a causa del cambio climático.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, publicó una resolución sobre los efectos del calentamiento global.
El organismo reconoció que el cambio climático es una emergencia de derechos humanos, y afirmó que la explotación desmedida de la naturaleza para satisfacer el creciente patrón de consumo a escala global ha ocasionado la transgresión de ciertos límites planetarios.
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Advierte que la integridad en la biósfera y la estabilidad climática están íntimamente relacionadas, puesto que cambios en los patrones meteorológicos pueden tener consecuencias devastadoras para la salud de los ecosistemas, lo que pone en riesgo el ejercicio pleno de los derechos de las personas.
En su resolución, la CIDH también destaca la importancia de los derechos a la participación, información y a la justicia en materia medioambiental, y el rol fundamental de las personas, pueblos, comunidades, movimientos y grupos defensores para la construcción de políticas y metas climáticas ambiciosas y en la protección de ecosistemas estratégicos.
El documenta señala que la pérdida de bosques nativos trae consigo diferentes problemas como la modificación en ciclos de nutrientes, alteraciones al régimen hidrológico, disminución de la capacidad de retención e infiltración del agua, aumento de erosión y sedimentación de suelos, sequía, entre otros, que afectan la calidad de vida de todos los habitantes.
Papel de las autoridades
Ante este escenario complejo, en el que el planeta corre graves riesgos debido a la alteración de los ecosistemas, la instancia considera que los Estados deben adoptar y aplicar las políticas encaminadas a reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Asimismo, exhorta a los líderes mundiales a tomar medidas apropiadas para garantizar que las personas y comunidades afectadas por abusos y violaciones de sus derechos humanos producidas bajo su jurisdicción, puedan acceder a mecanismos de reparación efectivos, lo que incluye la rendición de cuentas de las empresas y la determinación de su responsabilidad penal, civil o administrativa.
Destacó el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y otros organismos de control de los Estados, pues desempeñan un papel muy importante para garantizar que se lleven a cabo iniciativas que desaceleren las consecuencias negativas del cambio climático.
Redacción I Jhonattan González
