Brasil revoca la obligatoriedad de los reportes de sostenibilidad y adopta el modelo «cumpla o explique»
La Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) dio un giro inesperado a su regulación sobre transparencia corporativa al revocar la obligatoriedad de que las empresas de capital abierto presenten reportes anuales de sostenibilidad y clima alineados con los estándares internacionales ISSB (International Sustainability Standards Board).
A partir del ejercicio fiscal iniciado el 1° de enero de 2026, la presentación de estos informes vuelve a ser voluntaria, eliminando la transición al régimen obligatorio que había sido aprobada en 2023.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución CVM Nº 244, publicada el pasado 29 de mayo de 2026, que modifica sustancialmente la Resolución CVM Nº 193 de 2023. Esta normativa original ponía a Brasil entre los países pioneros en la adopción de reglas de divulgación financiera relacionadas con la sostenibilidad, en línea con los estándares IFRS S1 (requisitos generales de sostenibilidad) e IFRS S2 (requisitos específicos sobre clima).
El cronograma inicial contemplaba un período de adopción voluntaria durante 2024 y 2025, con vigencia obligatoria a partir de 2026. Sin embargo, la reciente modificación elimina dicha exigencia y abre la puerta a un esquema de mayor flexibilidad para las emisoras.
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Sistema «Cumpla o Explique»
La nueva regulación no elimina por completo el deber de las compañías en materia de información no financiera, sino que lo transforma en un sistema conocido como «pratique ou explique» (cumpla o explique).
Bajo este esquema, las empresas que decidan no presentar el reporte de sostenibilidad están obligadas a justificar públicamente su decisión, y deberán emitir un comunicado al mercado, a más tardar en la fecha de presentación de sus estados financieros anuales correspondientes al ejercicio 2027, explicando las razones de su negativa a adherirse voluntariamente.
Para las compañías que opten por elaborar y divulgar la información financiera relacionada con la sostenibilidad, la Resolución CVM Nº 244 mantiene exigencias estrictas:
- Cumplimiento normativo: Deberán observar obligatoriamente los estándares emitidos por el Comité Brasileño de Pronunciamientos de Sostenibilidad (CBPS) y los estándares globales ISSB (IFRS S1 e IFRS S2).
- Continuidad mínima: Las empresas que inicien el reporte voluntario deberán mantenerlo de forma ininterrumpida durante al menos tres ejercicios sociales consecutivos.
- Aseguramiento externo: Los reportes deberán ser sometidos a un proceso de aseguramiento (verificación) por un auditor independiente registrado en la CVM.
- Plazos de entrega: La presentación deberá realizarse a través del sistema electrónico de la CVM, en plazos específicos que varían según el año de adopción.
En caso de que una compañía que ya venía reportando decidiera interrumpir la divulgación, la norma exige que comunique formalmente su decisión al mercado durante el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en que cesará la publicación.
De esa forma, se evita una interrupción abrupta que pueda generar incertidumbre entre los inversores.
«Libertad para estimar costos y beneficios»
En su comunicado oficial, la CVM explicó que los cambios buscan perfeccionar el modelo de adopción voluntaria, rescatando el necesario respeto por la libertad de las entidades para evaluar los costos y beneficios esperados de sus decisiones sobre el uso de los recursos de los inversores.
La reguladora sostuvo que, si bien se preserva la transparencia y la comparabilidad que brinda la observancia de los estándares contables internacionales, se otorga mayor flexibilidad a las empresas para que determinen si este tipo de reporte se ajusta a su realidad operativa y financiera.
«Las modificaciones apuntan a mejorar el modelo de adopción voluntaria, preservando la transparencia y la comparabilidad traídas por la necesidad de cumplir con los estándares contables, pero rescatando el necesario respeto a la libertad de las entidades para estimar los costos y beneficios esperados de sus decisiones sobre cómo usar los recursos de los inversores», señaló el regulador.
La CVM también eliminó una disposición previa que generaba «desestímulo a la adopción voluntaria experimental»: la regla que establecía que el reporte voluntario en un ejercicio fiscal generaba la obligación de reportar de forma perpetua. En su lugar, se establece el compromiso mínimo de tres años, con la posibilidad de salida tras comunicarlo adecuadamente.
Reacciones encontradas: entre aplausos y críticas
La decisión de la CVM generó un fuerte debate entre los actores del mercado y las autoridades gubernamentales.
Del lado empresarial, la Asociación Brasileña de Compañías Abiertas (Abrasca), que había presionado activamente para revertir la obligatoriedad, celebró la medida. En diciembre de 2025, la entidad había solicitado formalmente a la CVM que cambiase la adhesión voluntaria o que postergara la implementación por tres años, argumentando que la agenda regulatoria contable y financiera para 2026 sería excesivamente costosa y pesada para las empresas.
En su comunicado, Abrasca defendió que las exigencias regulatorias deben observar los principios de proporcionalidad, materialidad y eficiencia económica, evitando la imposición de costos desproporcionados.
Sin embargo, la decisión generó un fuerte malestar en el ámbito gubernamental. La secretaria del Mercado de Carbono del Ministerio de Hacienda, Cristina Reis, calificó la medida como «indigna» y advirtió que podría generar una «quiebra de credibilidad» y afectar negativamente las inversiones en las compañías brasileñas.
En declaraciones al diario Valor Econômico, Reis señaló que la Secretaría y la Procuraduría General de la Hacienda Nacional (PGFN) están analizando si la modificación siguió todos los ritos necesarios y evalúan la posibilidad de actuar en el caso.
Además, un grupo de importantes entidades del mercado de capitales, entre ellas la Asociación de Inversores en el Mercado de Capitales (Amec), la Asociación de Analistas y Profesionales del Mercado de Capitales (Apimec) y el Consejo Federal de Contabilidad (CFC), enviaron a la CVM una carta conjunta en la que calificaban el fin de la obligatoriedad como un «retroceso normativo» que aumenta el «riesgo institucional» , con reflejos directos en el costo de capital soberano y corporativo.
Brasil había sido pionero en la región
Con la Resolución CVM Nº 193 de 2023, Brasil se había posicionado como un líder regional en la adopción de estándares internacionales de reporte de sostenibilidad, anticipándose a muchos países desarrollados.
La norma establecía un cronograma progresivo que incluía un período de adopción voluntaria en 2024 y 2025, con la entrada en vigor de la obligatoriedad para las compañías abiertas a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2026.
La regulación había sido bien recibida por inversores institucionales y organismos internacionales, que veían en Brasil un ejemplo de compromiso con la transparencia en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).
La armonización con los estándares IFRS S1 y S2, emitidos por el ISSB (International Sustainability Standards Board), garantizaba la comparabilidad de la información a nivel global, un factor clave para la atracción de capital extranjero.
Por su parte, el Comité Brasileño de Pronunciamientos de Sostenibilidad (CBPS), ya había adaptado las normas internacionales a la realidad local, emitiendo los estándares CBPS 01 (equivalente al IFRS S1) y CBPS 02 (equivalente al IFRS S2), que sirven de referencia obligatoria para aquellas empresas que opten por reportar bajo el nuevo esquema voluntario.
Desafíos para el mercado
El cambio de rumbo plantea varios interrogantes sobre el futuro de la transparencia corporativa en Brasil. El nuevo modelo «cumpla o explique» traslada la responsabilidad de decidir sobre la divulgación de información climática y de sostenibilidad a cada compañía, lo que podría generar una fragmentación en la calidad y cantidad de información disponible para los inversores.
Algunos analistas señalaron que, incluso bajo el régimen obligatorio, hasta el momento solo dos empresas habían presentado reportes bajo los nuevos estándares ISSB, lo que evidencia los desafíos de implementación que enfrentan las compañías brasileñas, en especial las de menor tamaño.
La complejidad operativa, la necesidad de sistemas de recolección de datos y los costos de aseguramiento externo fueron mencionados como barreras significativas.
Por otro lado, la decisión de la CVM podría interpretarse como una señal de que Brasil prioriza la competitividad y la reducción de costos regulatorios por sobre los estándares internacionales de transparencia, algo que podría restar atractivo al país frente a los inversores globales cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad.
El futuro de la regulación sigue siendo incierto, especialmente después de las declaraciones de la secretaria Cristina Reis, que sugieren una posible intervención del Ministerio de Hacienda para revertir o modificar la decisión de la CVM.
El mercado permanecerá atento a los próximos movimientos de las autoridades brasileñas en esta materia.
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