Sanciones

La UE aprueba nuevas sanciones que incluyen penas de prisión y multas por delitos medioambientales

El Parlamento Europeo anunció la aprobación de nuevas normas sobre delitos ambientales y sanciones conexas destinadas a reforzar la protección de los ecosistemas, que incluyen la ampliación de la lista de delitos ambientales y la armonización de las sanciones, incluidas multas y penas de prisión.

La nueva directiva, aprobada por los eurodiputados en una votación de 499 a 100, entrará ahora en vigor, y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) dispondrán de dos años para integrar las normas en sus sistemas nacionales.

La aprobación de la nueva directiva se produce tras la introducción de una propuesta de la Comisión Europea en 2021 destinada a reforzar la protección del medio ambiente y hacer frente al aumento de los delitos penales contra el medio ambiente, que representan la cuarta actividad delictiva a nivel mundial, según la Comisión.

“Ya es hora de que luchemos contra los delitos transfronterizos a escala de la UE con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos ambientales. Con este acuerdo, los contaminadores pagarán”, dijo el ponente del Parlamento Europeo Antonius Manders (PPE, NL).

“Además, es un gran paso en la dirección correcta que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable, al igual que la propia empresa. Con la introducción del deber de diligencia, ya no hay dónde esconderse tras permisos o lagunas legislativas”, agregó el representante.

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Sanciones con mayor alcance

Entre los nuevos actos que se consideran delitos penales en virtud de la nueva directiva figuran:

  • El comercio ilegal de madera;
  • El agotamiento de los recursos hídricos;
  • La importación y uso de mercurio y gases fluorados de efecto invernadero;
  • La importación de especies invasoras;
  • La contaminación causada por los buques.

Las nuevas normas también incluyen sanciones más estrictas para los “delitos cualificados” que causen la destrucción de un ecosistema o hábitat dentro de un lugar protegido, como incendios forestales a gran escala o daños generalizados a la calidad del aire, el suelo o el agua.

En virtud de la nueva directiva, los particulares y representantes de empresas que cometan delitos contra el medio ambiente podrían enfrentarse a penas de prisión, en función del alcance y la gravedad de los daños causados, siendo los delitos cualificados castigados con ocho años, los que causen la muerte de una persona con diez años y los demás delitos con hasta cinco años.

Para las empresas, las multas previstas en la nueva directiva alcanzarán el 3% o el 5% de los ingresos anuales mundiales, o alternativamente 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito, y todos los infractores deberán indemnizar por el medio ambiente dañado y restablecerlo.

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