EE.UU. advierte: tomará «todas las acciones necesarias» si no se abordan las cargas «irrazonables» de las regulaciones de sostenibilidad sobre empresas estadounidenses
El Gobierno de los Estados Unidos elevó el tono de su disputa con la Unión Europea (UE) en materia de regulación en sostenibilidad, advirtiendo que tomará «todas las acciones necesarias» para proteger a las empresas estadounidenses de las cargas «irrazonables» impuestas por las nuevas leyes de diligencia debida y reporte de sostenibilidad del bloque europeo.
La advertencia fue formalizada a través de una carta de comentarios emitida por la Misión de Estados Unidos ante la UE, en la que el Gobierno estadounidense sostiene que el paquete Ómnibus de simplificación de la Comisión Europea «no logró abordar plenamente» las preocupaciones de Washington.
El documento, que constituye la posición oficial más contundente de la administración estadounidense hasta la fecha, advierte explícitamente que «los Estados Unidos tomarán todas las acciones necesarias para abordar las cargas irrazonables sobre el comercio estadounidense, a menos que se encuentre una solución que aborde estas preocupaciones».
Esta declaración marca un punto de inflexión en la relación transatlántica en materia de sostenibilidad, elevando la disputa regulatoria a un nivel diplomático de máxima tensión.
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Conflicto regulatorio con raíces en la CSDDD y la CSRD
El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando la Comisión Europea propuso la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), adoptada finalmente en 2024.
Esta normativa establece obligaciones para que las empresas identifiquen, evalúen, prevengan, mitiguen y remedien los impactos sobre las personas y el planeta en sus cadenas de suministro, abarcando desde el trabajo infantil y la esclavitud hasta la contaminación, las emisiones, la deforestación y el daño a los ecosistemas.
Paralelamente, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE entró en vigor para las grandes empresas europeas en 2024, y su aplicación se extenderá a las grandes empresas no europeas que operen en la UE a partir de 2029.
Ambas normativas han sido objeto de un intenso proceso de simplificación a través del paquete Ómnibus de la Comisión Europea, que introdujo recortes significativos tanto en los requisitos de cumplimiento como en el número de empresas afectadas.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, dijo en el comunicado: «Las disposiciones extraterritoriales perjudican a las empresas y a los trabajadores estadounidenses, pero no es solo EE.UU. el que sufrirá. A menos que la UE cambie de rumbo, estas directivas afectarán a empresas de la UE y de fuera de la UE de todos los tamaños, y los consumidores europeos son los que finalmente pagarán la factura».
El Ómnibus: recorte insuficiente para Washington
El proceso Ómnibus, que recibió la aprobación final de los estados miembros, introdujo cambios sustanciales en ambas directivas. En el caso de la CSDDD, el umbral de aplicación se elevó de empresas con más de 1.000 empleados a aquellas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros en ingresos, y se eliminó la obligación de preparar planes de transición climática.
En cuanto a la CSRD, los cambios disminuyeron drásticamente el número de puntos de datos de reportes obligatorios y redujeron el número de empresas no europeas sujetas a la normativa de aproximadamente 10.000 a solo 1.200.
Sin embargo, la carta de la Misión de Estados Unidos indica que el Gobierno estadounidense considera que estos cambios no fueron suficientemente lejos. Washington enumera sus preocupaciones sobre el «impacto adverso» que las regulaciones tienen sobre las empresas estadounidenses, señalando en particular el «alcance extraterritorial» de las normas y las «costosas y onerosas obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro».
Uno de los puntos de fricción más significativos es el estándar de «doble materialidad» aplicado por la UE, que exige evaluar la materialidad tanto desde la perspectiva de los riesgos e impactos de los problemas de sostenibilidad sobre la empresa, como desde la perspectiva de los impactos de la empresa sobre el medio ambiente y la sociedad.
Este enfoque contrasta con el estándar de materialidad financiera única utilizado en Estados Unidos, creando una divergencia fundamental en los marcos regulatorios.
La carta estadounidense también subraya que el «alcance extraterritorial expansivo» de la CSDDD impondrá una carga desproporcionada sobre las empresas y proveedores estadounidenses que tienen solo un negocio mínimo en el mercado de la UE.
Las demandas concretas de Estados Unidos
La carta de comentarios establece una serie de peticiones concretas en áreas que incluyen el alcance, las obligaciones de cumplimiento y la aplicación de las regulaciones. Entre las demandas más destacadas se encuentran:
En primer lugar, Washington solicita que se «limiten significativamente» los requisitos de reporte y diligencia debida de la CSDDD y la CSRD para las empresas estadounidenses, y que se restrinjan las acciones de aplicación contra ellas.
Esto incluiría limitar la aplicación de la CSDDD a las filiales europeas de empresas estadounidenses o a los socios comerciales europeos de estas, así como aplicar la CSDDD únicamente a bienes y servicios originarios de la UE.
En segundo lugar, la carta pide que se «prohíba la imposición de cualquier sanción a una empresa estadounidense, o a una filial europea de una empresa estadounidense, que se base en ingresos derivados de actividades fuera de la UE».
En tercer lugar, Washington solicita que la CSDDD designe a Estados Unidos «como una jurisdicción que presenta un riesgo insignificante», dado el «robusto marco de gobernanza» del país. Asimismo, se pide a la UE que «establezca una disposición de ‘presunto cumplimiento’ para las empresas que operan en jurisdicciones regulatorias de alta calidad».
Por último, la carta insiste en que la CSDDD «no debería reintroducir planes obligatorios de transición climática neta cero y requisitos relacionados».
Precedentes e implicaciones
La disputa actual tiene sus antecedentes en el marco de acuerdo comercial anunciado por EE.UU. y la UE en agosto de 2025, que incluía una cláusula específica sobre las regulaciones de sostenibilidad.
En aquel entonces, la UE se comprometió a «realizar esfuerzos para garantizar que la CSDDD y la CSRD no impongan restricciones indebidas al comercio transatlántico», incluida la reducción de la carga administrativa para las empresas.
Sin embargo, la carta sugiere que, a juicio de Washington, los compromisos adquiridos en 2025 no se han cumplido plenamente, y que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para proteger los intereses comerciales estadounidenses.
La advertencia de que EE.UU. «tomará todas las acciones necesarias» abre la puerta a potenciales medidas de represalia comercial si no se alcanza una solución satisfactoria.
El enfrentamiento entre EE.UU. y la UE en materia de regulación sostenible tiene profundas implicaciones para las empresas transatlánticas, que se encuentran atrapadas entre dos marcos regulatorios divergentes.
Mientras la UE avanza hacia un modelo de «doble materialidad» y diligencia debida en la cadena de suministro, Estados Unidos mantiene un enfoque basado en la materialidad financiera única y una mayor resistencia a la regulación extraterritorial.
La escalada de la disputa podría tener consecuencias significativas para el comercio transatlántico, que asciende a más de 1,5 billones de dólares anuales, y para la armonización global de los estándares de sostenibilidad.
El desenlace de este conflicto sentará un precedente sobre hasta dónde pueden llegar los bloques regulatorios en la imposición de sus estándares a empresas extranjeras, y sobre la capacidad de los Estados para proteger a sus empresas de la regulación extraterritorial.
México, el gran cierre de la Gira 2026 de Latam Mobility
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