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Del reporte obligatorio al “cumplir o explicar”: Brasil reabre el debate sobre la transparencia corporativa

La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil lanzó una nueva consulta pública para revisar su régimen de divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad.

La decisión llega apenas unos meses después de que el regulador revocara la obligatoriedad de estos reportes, en un giro regulatorio que ha generado un intenso debate entre inversores, auditores y organizaciones de gobernanza.

La consulta, que permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2027, busca recabar evidencia sobre los costos y beneficios de los distintos enfoques regulatorios, así como evaluar alternativas que van desde el mantenimiento del régimen voluntario actual hasta la implementación gradual de obligaciones obligatorias.

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De la obligatoriedad a la flexibilidad: el giro de la CVM

El recorrido regulatorio de Brasil en materia de sostenibilidad ha sido notablemente cambiante. En 2023, la CVM presentó los requisitos de información sobre sostenibilidad para las compañías abiertas, con divulgaciones obligatorias que comenzarían para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2026.

Posteriormente, el regulador aprobó las normas de información sobre sostenibilidad publicadas por el Comité Brasileño de Pronunciamientos de Sostenibilidad (CBPS), basadas en las normas generales de sostenibilidad (IFRS S1) y climáticas (IFRS S2) del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) de la Fundación IFRS.

Sin embargo, en mayo de 2026, la CVM emitió la Resolución CVM 244, que reformó la Resolución CVM 193 y eliminó la obligatoriedad que la versión original de la norma había impuesto a las compañías abiertas tras un período de adopción voluntaria.

El régimen pasó a un modelo de “pratique ou explique” (cumplir o explicar), en virtud del cual una compañía que opta por no presentar un informe de sostenibilidad debe justificar su decisión mediante un comunicado al mercado, incluyendo las razones de la misma.

Para las compañías que deciden continuar reportando, la regulación exige el cumplimiento de las normas del CBPS y del ISSB, así como la obligación de preparar informes de sostenibilidad durante al menos tres ejercicios sociales consecutivos. Si una compañía opta por dejar de reportar, debe comunicar su decisión en el ejercicio fiscal anterior a la interrupción.

Las críticas de un amplio espectro del mercado

La decisión de la CVM de revertir la obligatoriedad fue recibida con críticas por parte de un amplio espectro de organizaciones de inversión, contabilidad y gobernanza. Estos actores argumentaron que un sistema de reporte voluntario podría socavar la comparabilidad, debilitar la alineación con los estándares internacionales y reducir la transparencia para los inversores.

En junio de 2026, una coalición formada por el Consejo Federal de Contabilidad (CFC) junto a entidades de la contabilidad, auditoría, gobernanza corporativa, academia y mercado de capitales enviaron una carta conjunta a la CVM solicitando la revisión de la decisión.

Ante el impasse, el CFC lideró una nueva articulación y presentó al Ministerio de Hacienda de Brasil una propuesta de convergencia gradual asistida: mantener la adhesión voluntaria en 2026 y 2027 y tornar los reportes obligatorios a partir de 2028.

Esta propuesta refleja la búsqueda de un equilibrio entre la flexibilidad regulatoria y la necesidad de garantizar información comparable y confiable para el mercado.

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La nueva consulta pública: evidencia para decidir

La consulta pública lanzada por la CVM busca recopilar evidencia más completa sobre los costos y beneficios de los diferentes enfoques regulatorios, incluyendo el reporte obligatorio y el voluntario.

El regulador pretende corroborar o refutar varias hipótesis, entre ellas: que los sistemas de reporte voluntario no producirán información suficiente ni comparabilidad y credibilidad; que las reducciones en el costo de capital creadas por el reporte obligatorio podrían superar los costos incrementales de cumplimiento; que las empresas más pequeñas estarían expuestas a costos de cumplimiento proporcionalmente más altos que las grandes; y que los cambios regulatorios sucesivos podrían haber resultado en inversiones irrecuperables y afectado la previsibilidad del marco regulatorio.

Asimismo, la consulta solicita comentarios sobre varias alternativas regulatorias presentadas, incluyendo el mantenimiento del régimen actual, el ajuste de las condiciones para la participación voluntaria y diferentes modelos de participación obligatoria.

Entre estos modelos se incluyen la implementación gradual de requisitos obligatorios por tamaño de empresa, el establecimiento de una fecha futura para pasar al reporte obligatorio, la obligatoriedad únicamente de la información relacionada con el clima dejando las divulgaciones de Alcance 3 como “cumplir o explicar”, y la ampliación del requisito de reporte obligatorio más allá de las compañías abiertas.

Un contexto de tensión entre la transparencia y la flexibilidad

El caso brasileño ilustra la tensión global entre la necesidad de información corporativa comparable y confiable sobre sostenibilidad y la preocupación por la carga regulatoria que enfrentan las empresas, especialmente las de menor tamaño.

Mientras que los defensores de la obligatoriedad argumentan que la transparencia es esencial para la estabilidad financiera y la lucha contra el cambio climático, los críticos señalan que los requisitos pueden ser costosos y que un enfoque gradual y proporcionado puede ser más efectivo.

La CVM ha mantenido el estándar contable internacional: las compañías que opten por publicar información financiera de sostenibilidad solo podrán hacerlo si observan las normas del CBPS y del ISSB, preservando así la confiabilidad y aumentando la comparabilidad de las publicaciones.

Por otro lado, las compañías que consideren que esta adopción no es adecuada para sus negocios no tendrán tal obligación, debiendo únicamente publicar su opción mediante un comunicado al mercado. Este enfoque busca rescatar el respeto a la libertad de las entidades para estimar los costos y beneficios esperados de sus decisiones sobre cómo utilizar los recursos de los inversores.

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