Adiós a los reportes climáticos obligatorios en EE.UU.: ¿cómo afecta la propuesta de la SEC a inversores y empresas?
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició formalmente el procedimiento para rescindir por completo las normas de divulgación climática corporativa introducidas durante la administración Biden.
En un giro regulatorio, la agencia publicó una propuesta de rescisión total de las reglas adoptadas en 2024 bajo el mandato del entonces presidente Gary Gensler, que por primera vez exigían a las empresas públicas estadounidenses informar sobre los riesgos climáticos de sus negocios y, en algunos casos, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La decisión formaliza un cambio de rumbo que ya se había insinuado desde el inicio de la actual administración, cuando la SEC retiró su defensa judicial de las normas y notificó a los tribunales que no tenía intención de reconsiderarlas.
Ahora, con la propuesta publicada, el organismo que preside Paul Atkins abre un período de comentarios públicos de 60 días, tras el cual podría votar la eliminación definitiva de las exigencias, en un proceso que inevitablemente derivará en nuevos desafíos legales por parte de grupos ecologistas y defensores de los inversores.
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El origen: las normas de 2024 bajo la administración Biden
Las normas de divulgación climática fueron adoptadas por la SEC el 6 de marzo de 2024 y constituían el primer marco regulatorio a nivel federal que obligaba a las empresas públicas estadounidenses a reportar información estandarizada sobre el impacto del cambio climático en sus operaciones.
Las disposiciones establecían que las compañías debían divulgar en sus declaraciones de registro e informes anuales los riesgos climáticos que enfrentan sus negocios, las estrategias implementadas para mitigarlos, el impacto financiero de eventos climáticos extremos y, en determinados casos, las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 generadas directamente por sus operaciones y por el consumo energético.
La norma, impulsada por el entonces presidente de la SEC, Gary Gensler, fue concebida como una herramienta para homogeneizar la información ambiental disponible para los inversores, respondiendo a las crecientes demandas del mercado de contar con datos comparables en materia de sostenibilidad.
Aunque la versión final eliminó la exigencia de reportar las emisiones de alcance 3, las generadas por la cadena de valor de las empresas, las reglas representaron un hito en la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la regulación del mercado de valores estadounidense.
El giro bajo la administración Trump
Con el cambio de administración, la postura de la SEC experimentó una reversión radical: en marzo de 2025, la agencia retiró su defensa de las normas climáticas en los litigios pendientes ante los tribunales, abandonando la batalla legal que había heredado.
Posteriormente, la SEC comunicó al tribunal que no tenía intención de revisar ni reconsiderar las reglas, solicitando que fuese el poder judicial quien resolviera la cuestión.
Sin embargo, en septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito rechazó esta petición y dictaminó que «es responsabilidad de la agencia determinar si sus reglas finales serán rescindidas, derogadas, modificadas o defendidas en litigios».
La resolución judicial devolvió la pelota al tejado de la SEC, que desde entonces trabajó en la propuesta ahora presentada. La rescisión formal se materializa con la publicación de un avance de propuesta de norma, que somete a consideración pública la eliminación íntegra de las exigencias de reporte climático.
Los argumentos: exceso de autoridad y costos desproporcionados
En el comunicado que acompaña la propuesta, la SEC justifica su movimiento argumentando que las normas climáticas exceden el ámbito de su autoridad estatutaria.
Pero va más allá: incluso si la agencia tuviera competencia para adoptarlas, afirma que existen «razones políticas independientes y convincentes para rescindirlas por completo».
El organismo señala que las reglas imponen costos significativos a las empresas y a sus accionistas que no están justificados por los beneficios informativos que puedan aportar a algunos inversores.
Asimismo, considera que las exigencias contravienen el enfoque tradicional de la regulación de valores basado en la materialidad financiera, es decir, solo debe exigirse la divulgación de aquella información que pueda influir en las decisiones de inversión, y obstaculizan los objetivos de la agencia de facilitar la formación de capital y promover el estatus de empresa pública.
Implicaciones para empresas e inversores
La eventual rescisión de las normas climáticas de la SEC tendría profundas implicaciones para el panorama de los reportes de sostenibilidad en Estados Unidos.
De concretarse, las empresas públicas quedarían exentas de la obligación federal de divulgar sus riesgos climáticos y emisiones de GEI, revirtiendo una tendencia global hacia una mayor transparencia corporativa en materia ambiental.
Sin embargo, las compañías estadounidenses seguirían sujetas a otras exigencias regulatorias en este ámbito. Por un lado, varios estados como California han adoptado sus propias leyes de divulgación climática que obligan a las empresas que operan en su territorio a reportar emisiones de alcance 1, 2 y 3.
Por otro lado, las empresas con exposición internacional pueden verse compelidas a cumplir con normativas de otras jurisdicciones, como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea o las normas del ISSB adoptadas en numerosos países.
En este escenario, los inversores institucionales, cada vez más exigentes en materia de información ESG, podrían seguir presionando a las empresas para que divulguen voluntariamente sus riesgos climáticos, lo que fragmentaría el panorama de reportes y dificultaría la comparabilidad de los datos.
El proceso de rescisión: plazos y futuros litigios
La publicación de la propuesta activa el procedimiento estándar de elaboración de normas con notificación y comentarios (notice-and-comment rulemaking), un proceso que podría extenderse durante varios meses.
El primer paso es la apertura de un período de comentarios públicos de 60 días una vez que la propuesta se publique en el Registro Federal. Durante este plazo, los ciudadanos, empresas, asociaciones y cualquier parte interesada podrán enviar sus observaciones a la SEC.
Los funcionarios de la agencia están obligados a considerar y responder a las cuestiones significativas planteadas en los comentarios, lo que podría demorar aún más el proceso.
Posteriormente, la Comisión votará sobre la adopción de la rescisión definitiva. Sin embargo, incluso si se aprueba, la norma final quedará expuesta a nuevos desafíos judiciales.
El Environmental Defense Fund ya ha declarado su intención de «oponerse vigorosamente a la derogación de la norma», argumentando que «amenazaría la seguridad financiera de los trabajadores y jubilados que tienen sus ahorros de toda una vida invertidos en los mercados».
Se espera que otras organizaciones ecologistas y grupos de inversores sigan la misma estrategia, lo que alargará la incertidumbre regulatoria durante meses o incluso años.
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